CAUSA "MONNER SANZ S/denuncia"

Responde del DR.ARNALDO HUGO CORAZZA ante el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN por la denuncia de los DRES.ALBERTO R. DURAN Y JACOBO GROSSMAN

La Plata, 17 de junio de 2009

Señora Presidente de la

Comisión de Acusación y Disciplina del

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN

Dra. Diana Conti

S/D

Debo tratar de determinar con claridad el objeto de esta denuncia, no demasiado claro, porque de lo contrario se tornaría dificultoso efectuar el descargo correspondiente. Adviertase que la Sala I de la Excma.Cámara Federal de La Plata, viene remitiendo al Consejo de la Magistratura, desde hace algunos años copia de las actuaciones, no sabiendo hasta la fecha el suscripto, con que objeto. Ahora comienzo a comprender, ya que culmina el inusitado continuo envío de copias, con una denuncia absolutamente infundada a este Magistrado. Si todos los Magistrados adoptáramos este novedoso método, de enviar copia al Consejo de la Magistratura, en aras de una presunta transparencia, de cada una de nuestras resoluciones, créame señora Presidente, que no alcanzaría la totalidad del edificio para cobijar dichas copias. A fs. 34 del legajo del Consejo de la Magistratura, obra una actuación suscripta por el Conjuez Dr. Jacobo Grossman –que no se encuentra agregada a la causa- en la que manifiesta la existencia en el trámite de esta causa “cierta gravedad institucional..”, y que “..las últimas actuaciones de primera instancia revelan mas que nunca las interferencias subjetivas que animan y conllevan a decisorios no ajustados a derecho.”. Estas frases constituyen el nudo de la denuncia, emergentes de la resolución adoptada por la Sala I de la Cámara Federal de La Plata a fs. 671/674 con la firma de los Dres.Alberto R.Durán y Jacobo Grossman, por la que se anula mi resolución de fs. 670. Tal como lo he manifestado a fs. 685/686 en la resolución que se dá cumplimiento a lo dispuesto por la Excma.Cámara, no deja seguir sorprendiéndome, el tono utilizado en la resolución de los Dres.Grossman y Durán, casi cercano a la ira, que no se compadece con las formas habitualmente utilizadas en sede Judicial, donde el respeto, más allá del disenso, debe primar. El Derecho señora Presidente y demás Consejeros no es una ciencia exacta sino social, y en ello, se funda principalmente la garantía establecida para los habitantes de la doble instancia en sede Judicial. Si se pudiere resolver las cuestiones traídas al proceso con una ecuación matemática, no necesitaríamos una estructura Judicial que garantice la doble instancia, y quizás tampoco sería necesaria la existencia del Juez de Primera Instancia. Los Magistrados, siempre apegados a la ley, tenemos muchas veces ópticas bastante distintas sobre las mismas cuestiones. Es evidente, público, que mi óptica sobre el proceso penal y la interpretación de las normas, difiere en mucho con las del Dr. Durán, porque tenemos historias de vida distintas, y además porque aborrezco la intolerancia y el autoritarismo. Quizás con el Dr. Durán alcancemos la armonía, cuando ambos podamos murmurar en la paz de los cementerios. Del Conjuez Jacobo Grossman, me eximo de cualquier opinión, porque no lo conozco.

Historia de la causa:

Esta causa se inicia por denuncia del Dr. Ricardo Monner Sanz el 30 de setiembre del 2004, por posible delito de enriquecimiento ilícito del DR.SERGIO OSCAR DUGO, hoy fallecido, que se desempeñaba en la fecha recién indicada como Juez de la Cámara Federal de La Plata.

A fs. 20, sin expedirse el Fiscal en la vista conferida por el art. 180 del CPPN, el Fiscal interviniente solicitó medidas tendientes a determinar el patrimonio, los ingresos, y gastos, y todo aquello que permita al señor Fiscal tener un panorama cierto a los fines de requerir de instrucción o nó. hacerlo.

Todos los informes y medidas adoptadas en esta causa, fueron consentidas por el Dr. Dugo y su letrado Dr. Alejandro Casal y el señor Fiscal de la causa. Entre ellas se efectuó la tasación de la finca de ESTANCIA ABRIL del Partido de Berazategui por parte de la Fiscalía de Estado de la Pcia.de Buenos Aires, con intervención de perito tasador de parte del recién nombrado Camarista.

se solicitaron resúmenes de tarjetas de crédito, apertura de declaraciones juradas efectuadas en la CSJN, informe de ingresos, y un número de medidas que sería ocioso detallar.

Todas la medidas contaron en su oportunidad, con la conformidad del Dr. Dugo y su letrado. Debo aclarar, porque es fundamental, que los informes y resoluciones comprendían al Dr. Sergio Oscar Dugo y su esposa Dra. Patricia Cusmanich, no solo por la naturaleza ganancial de los bienes del matrimonio, sino por la Dra. Patricia Cusmanich había intervenido en los actos jurídicos que dieron origen a él.

A fs. 292 este Magistrado ordenó una pericia técnico-contable por parte de la Unidad de Información Financiera del Banco Central, resolución que el Dr. Dugo apeló, no por la naturaleza de la medida, que consintió, sino por los expertos que deberían efectuarla, sosteniendo que la Corte Suprema de la Nación tenía expertos idóneos para realizarla.

Dicho recurso fue concedido a fs. 331.

La Causa en la Excma.Cámara Federal

Si hablamos de interferencias subjetivas, como señala la denuncia, las vamos a encontrar con las irregularidades acaecidas en la Sala I de la Excma.Cámara Federal de la Plata

Efectuado el sorteo por la Oficina de distribución de causas de la Excma.Cámara Federal, esta causa quedó radicada en la Sala II de la citada Cámara. El Dr. Durán, a fs. 397 ordenó un nuevo sorteo, ante la excusación de los miembros de la Sala II, quedando así radicada la causa en la Sala I. Es la única causa que conozco en mi carrera de Juez con dos sorteos, hecho este que si revela gravedad institucional. Resulta obvio, que ante la excusación a los Jueces de la Sala II, debió integrarse dicha sala con Jueces hábiles, y no efectuar un nuevo sorteo afectándose el principio constitucional del Juez Natural.. Vease a fs. 399 la impugnación realizada respecto del nuevo sorteo por el Dr. Schiffrin. Pero no terminan aquí la cadena de ilegalidades.

En medio de una caótica actuación de la sala I, a fs. 433 vto. el Dr. Durán cita sin sorteo alguno, al Dr. Alejandro Tullio a integrar a la sala I, y a fs. 436 a Dr. Jacobo Grossman tambien sin sorteo alguno, a integrar la Sala.

Previa aceptación del cargos, ambos conjueces, y con títulos nulos de nulidad absoluta, comienzan a actuar en la causa. A fs. 579 los Dres. Leopoldo H.Schiffrin, y Roman J. Frondizi, piden la nulidad de la designación de los citados Conjueces, en virtud que estas designaciones se han producido en violación de lo dispuesto en el Título VII, art. 9, del reglamento aprobado por resolución 76/04 del Consejo de la Magistratura de la Nación, en razón de que los Conjueces deben ser designados por las Cámaras y no por las salas de la misma, y obtenidos de las listas elaboradas por las mismas Cámaras. Los mismos Conjueces impugnados, Dres. Grossman y Tullio, son los que rechazan la nulidad antes mencionada, y solicitada por los Dres. Schiffrin y Frondizi.

Pero como si la cadena de arbitrariedades no concluyera, los Dres. Manuel Humberto Blanco y Adolfo Gabino Ziulu, jueces de primera instancia sorteados para intervenir en la Sala, que fueran recusados por el Dr. Dugo, fueron desplazados de facto, sin que jamás se le corriera traslado de la recusación, y sin la oportunidad de aceptarla o rechazarla. Los incidentes de recusación y excusación de esta causa, que debieran estar agregados por cuerda a la misma, no lo están. Están bien guardados en la Sala I de la Cámara Federal, es posible, casi seguro, para que nadie advierta las ilegalidades cometidas. Jamás pude ver los incidentes, aunque obviamente serán ofrecidos como prueba.

Tampoco las irregularidades terminan aquí. Todas las causales de recusación y excusación estaban referidas únicamente al Dr. Dugo, este falleció el 18 de enero del 2006, por lo cual las mismas perdieron virtualidad y vigencia, debiendo haber cesado los Conjueces Dres. Tullio y Grossman de pleno derecho y desde la citada fecha. La Sala debió ser integrada por sus integrantes naturales y no con Conjueces. Sin embargo, los mismos siguieron actuando en particular el Dr. Grossman. Un parrafo también especial merece el Juez natural de esa Sala Dr.Julio Victor. Renboredo . El Dr. Reboredo que se excusó respecto del Dr. Dugo de intervenir en la causa, no pudo ignorar el fallecimiento del mismo –hecho de carácter público- que lo obligaba a partir de la fecha del fallecimiento, a retomar su jurisdicción sobre la misma. Como podrá advertir Sra. Presidenta, estos hechos que acreditaré con la prueba a ofrecer, indican a las claras que se tramitó en la Sala I la causa de manera burdamente ilegal. Y que quienes deberían estar trabajando en el descargo, no es el suscripto, sino los Dres. Durán y Grossman.

La causa permaneció en la Sala I de la Excma.Cámara Federal de La Plata, dos años y dos meses. Nunca fue resuelta la apelación del Dr. Dugo que dio motivo a la intervención de la citada Cámara. Fue devuelta el 30 de marzo del 2007, a mas de un año del fallecimiento del Dr. Dugo, y luego que este Magistrado la solicitara. Los incidentes de recusación y excusación no estan adjuntados a la causa, sino que quedaron radicados en la Sala I.

Todas las actuaciones realizadas en esta causa, hasta el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Dugo antes referido, fueron consentidas por el propio Dr. Dugo, su letrado, y por el señor Fiscal de esta causa.

La incompetencia decretada a fs. 657/661

A fs. 656 obra el dictamen del señor Fiscal de la causa, en el cual luego de no efectuar requerimiento de instrucción respecto de la Dra. Patricia Cusmanich, esposa del Dr. Dugo, afirma: “…si alguna sospecha similar ocurriera sobre su esposa ello daría lugar a la formación de otra causa en la que V.S. resultaría ajena en razón del territorio, dada que la magistrado se desempeña como integrante del Tribunal Oral 22 en Capital Federal…”

Esta afirmación del señor Fiscal, es la que llevó a mi convicción, de resolver la incompetencia del Juzgado a mi cargo a fs. 657/661 a favor de la Justicia Federal de la Capital Federal. Esta resolución fue consentida por el señor Fiscal actuante a fs 661.

El Juez interviniente Dr. Oyarbide, en su resolución de fs. 666/669 declaró la nulidad del auto de incompetencia de fs. 657/661 por entender que si la denuncia carece de requerimiento Fiscal no hay proceso penal, dicho esto a modo de síntesis, remitiéndome a la pieza de fs. 666/669. No comparto el criterio del Dr. Oyarbide, porque aún sin requerimiento Fiscal, los Magistrados podemos y debemos pronunciarnos sobre la competencia territorial, mucho más cuando al correrse la vista por el art. 180 del CPPN, el Fiscal de la causa, en el párrafo antes reproducido, expresa la incompetencia terrtorial del Juzgado a mi cargo. También vuelvo a expresar que la resolución del suscripto que decreta la incompetencia del Juzgado a mi cargo, fue consentida por el señor Fiscal a fs. 661.

Con motivo de la resolución del Dr. Oyarbide, entendí y entiendo, que se encontraba trabada la cuestión de competencia, debiendo elevar la causa a la Sala I a los fines de dirimir la contienda. Luego, acaece la resolución de la Sala I de la Excma.Cámara, que otorga la razón al Dr. Oyarbide, decreta la nulidad desde fs. 651, y ordena tácitamente archivar estas actuaciones, lo que fue cumplido con la resolución de fs. 685/686.

Si el motivo de la formación de esta causa en el Honorable Consejo de la Magistratura de la Nación, que estoy respondiendo, deviene de un decisorio de la Excma. Cámara en la que se anula o revoca un decisorio del suscripto, los señor Jueces de Primera Instancia de este Fuero deberemos comenzar a preocuparnos. Es que para ello esta establecida la garantía de la doble instancia, para que otro Tribunal de segunda instancia, analice los decisorios recurridos, y los confirme, revoque, o anule según sus propios criterios de interpretación de la ley, que pueden o no, ser distintos de los parámetros de interpretación utilizados por el Magistrado de Primera Instancia.

h) Conclusiones:

Mi análisis de los vaivenes de la presente causa, ya fue expresado en mi decisorio de fs. 685/686. No puedo dejar de expresar no solo mis opiniones, sino además mi estado de ánimo. Los Magistrados , señores Consejeros, somos designados por los mecanismos constitucionales respectivos, de por vida–admítaseme la expresión- mientras dure su buena conducta. Esta condición garantiza la independencia del Poder Judicial, ya que el comienzo o el fin del desempeño funcional de un Magistrado no estará supeditada a los vaivenes de los resultados electorales. Las diversas garantías –inamovilidad, integridad del sueldo, tratamiento etc. tienden a sustraerle a la influencia de otros Poderes. Pero también origina rigurosísimas obligaciones para quienes desempeñamos la Magistratura. Como decía el maestro Alsina, se nos exige cultura profesional y dignidad de vida. El Juez debe controlar escrupulosamente sus actos en su vida pública y privada, porque lo que en otros puede calificarse de falta, en el debe considerarse indecoroso. Resulta aberrante que una causa por denuncia de enriquecimiento ilícito de un Magistrado, tramite como la que es materia de análisis. Esto lo expreso, no por animosidad alguna, o intencionalidad determinada, sino en el propio beneficio de los denunciados, que merecen como Magistrados que son, que estas causas se investiguen exhaustivamente, y concluyan con el sobreseimiento o procesamiento –en la instrucción- de los mismos. El sobreseimiento obtenido, disipará todas las dudas sobre la moral y dignidad del Magistrado, que no solo deberá resguardarla ante sus pares, sino frente a toda la sociedad.

Tampoco fue afortunada la actuación del Ministerio Público interviniente, tal como lo expresé a fs. 686, que por omisión ha consentido todas las irregularidades cometidas por los integrantes de la Sala I, de la Excma.Cámara. Y a su vez dilató y rehuyó todo dictamen que impulsara adecuadamente el proceso. Reitero, porque quiero ser muy claro. Agotar este proceso de manera normal, lo es sin ninguna duda en beneficio de los denunciado o indicados. Podrán ellos así disipar toda duda sobre las conductas endilgadas.

i) Ajunto copia del Oficio de fs.689/691 por el cual el día 12 de junio, el Dr. Durán a través de la Secretaria de la Sala I Dra. Alicia Di Donato, y aún careciendo de jurisdicción ya que la causa se encuentra archivada, sigue solicitando el envió de la causa, sin expresar motivo alguno, revelando nuevamente no solo su interés en la causa “Grossman Jacobo (Conj. Cámara Federal de La Plata s/rem.test. “Monners Sanz s/Denuncia s/act.Corazza A.”, sino los métodos arbitrarios a los que nos tiene acostumbrado.

j) Designo abogado defensor:

Designo en tal carácter al DR. MARIO JORGE ISCOFF con domicilio en la calle Lavalle 1290 Piso 8 Oficinas 804 y 805 de la Capital Federal.

k) Ofrezco Pruebas:

Dres. Manuel Humberto Blanco, Juez Federal de La Plata, con domicilio calle 8 e/50 y 51 Piso 3 la Plata, provincia de Buenos Aires

Dr.Alberto Gabino Ziulu, Juez Federal de La Plata, con domicilio en calle 54 No. 566/568 entre 6 y 7 La Plata, Provincia de Buenos Aires

Dr.Leopoldo Héctor Schiffrin, Juez de la Cámara Federal de la Plata, con domicilio en calle 8 e/50 y 51 Piso 2, La Plata, provincia de Buenos Aires.

Documental

Copias certificadas de la causa 7-8820 caratulada “Monner Sanz Ricardo s/su denuncia” y copia del oficio de fs. De la sala I de la Cámara Federal de La Pla Se libre Oficio al señor Presidente de la Sala I de la Excma.Cámara Federal de La Plata a los fines remita todos los incidentes de recusación y excusación tramitados en la causa “Monner Sanz Ricardo s/Denuncia”.

l) Petitorio:

Por todo lo expuesto solicito a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que oportunamente rechace la presente denuncia, y se tenga presente, a sus efectos, lo manifestado en el apartado C) del presente responde.

SERA JUSTICIA





0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada